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Avalan crear programas en NL para personas con discapacidad e IQ elevado

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La Comisión de Educación Cultura y Deporte del Congreso local, aprobó diversas reformas a la Ley de Educación del Estado en favor de personas con discapacidad, superdotadas o con talento extraordinario.

De esta forma, los estudiantes dentro de este rango podrán acceder a mejores oportunidades y condiciones educativas, las cuales se lograron después de mesas de trabajo entre este sector, así como de integrantes del poder legislativo y padres de familia de “Educación sin Barreras”.

“Está destinada a personas con discapacidad con aptitudes sobresalientes, personas superdotadas, o con talento extraordinario. Se definen como personas con aptitudes sobresalientes a aquellas que sin ser superdotado son capaces de destacar significativamente en el grupo social o educativo”, menciona el decreto.

Además de la implementación de programas de educación especial para este sector, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud deberán también realizar un protocolo en donde se detecte de manera oportuna a los alumnos con discapacidad y superdotados.

“Realizarán un protocolo de detección y atención temprana de educación especial que la orientación de los padres o tutores, así como la capacitación a los maestros de escuelas de educación básica, media superior, regulares y especiales”, explica también el documento.

La modificación incluye además crear programas compensatorios educativos implementados por la autoridad federal, a través de recursos específicos y considerando preferentemente a las regiones con mayor rezago educativo.

Representantes del Congreso local. Créditos: Selene Gaytán / ABC Noticias

Se considerará persona superdotada a quien cuente con un coeficiente intelectual superior a 130 y que requiera una educación diferenciada; talento extraordinario en el desempeño en el ramo científico tecnológico, humanístico, sociocultural, artístico o acción motriz (deportivo).

En julio del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto 365 publicado el 30 de diciembre del 2020, en donde se realizaron diversas reformas a la Ley de Educación sin consultar previamente a las personas con discapacidad.

Derivado de que las modificaciones a la ley iban en materia de educación especial para personas con discapacidad, el máximo tribunal señaló que la legislación local debía primero, trabajar en coordinación con este sector para realizar la reforma.

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