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Sandra Hernández lleva doce meses tratando de renovar la silla de ruedas de su hijo, un intento que se han convertido en toda una odisea. La que tienen es de más de 20 años atrás y su hijo tiene ya 34. Un año de batalla y, según ha explicado en los micrófonos de Hoy por Hoy Tenerife, se ha encontrado con las puertas cerradas, porque los médicos le dicen que no le pueden dar una silla eléctrica a una persona que no tiene la suficiente autonomía para manejarla solo.
Viven en el norte de Tenerife, en el Puerto de la Cruz, una localidad con muchas pendientes en buena parte de sus calles. Su hijo es discapacitado y la primera silla de ruedas se la dieron cuando era todavía casi un niño, un adolescente de apenas 15 años. Ahora ya tiene 34 años, pesa 70 kilos y tiene la necesidad de contar con una silla de ruedas eléctrica para poder moverse.
Lleva ya más de un año de lucha. Se ha dado de bruces con la ley y con los requisitos que se imponen por parte del Gobierno de Canarias. Ahora el ayuntamiento portuense se ha comprometido a proporcionarle la silla.
Indefensión
Pese a ello, su intención es la de poner de relieve la situación de indefensión que viven familias que se encuentran en su misma situación. Porque los médicos, en su caso tanto los del Hospital Univeritario de Canarias (HUC) como los que pasan consulta en el centro de salud de La Vera, se ampararon en la ley.
No le pueden dar una silla eléctrica a una persona que no tiene la suficiente autonomía para manejarla solo. Sin embargo, ella lo ve incongruente e injusto con una persona con movilidad reducida y con unos padres que, cada vez, se hacen más mayores.
Sandra Hernández siente que los tratan como si no tuviesen derecho a una vida lo más digna posible, ya que al fallarles las fuerzas a ella y a su marido para mover a su hijo, se ven abocados a permanecer encerrados entre las cuatro paredes de su hogar. Es por eso que ha decidido hacer pública su situación a través de la sección Radio Club Tenerife con sus oyentes, para hacer un llamamiento a la cordura y que se ponga solución a este tipo de situaciones.
«Una inmoralidad»
Lamenta que los médicos ni tan siquiera se dignaron a ver a su hijo y que simplemente le dijeron que su hijo «es deficiente y que por tanto no le pueden dar una silla para que él la conduzca». Han llegado a decirle, según relata, que no es legal firmar que se le entregue una silla de ruedas eléctrica a una persona con las característica de su hijo. Ella considera que más bien el tratamiento que le están dando es «inmoral».
Por eso, ha afirmado que seguirá denunciando este tipo de casos, sobre los que la administración autonómica no pasa ni de puntillas y deja la solución en manos de los ayuntamientos, que no tienen por qué buscarla.