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Y es que, en la actualidad, la pensión para el bienestar se paga a adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad de 0 a 29 años, así como a quienes habitan en regiones indígenas, por lo que se busca ampliar el número de personas beneficiadas, pero con una aportación estatal.
El diputado Christian Jean Esparza consideró que el Estado mexicano como autoridad debe generar mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, atiendan a los principios rectores que de manera enunciativa y no limitativa.
Por ello, la propuesta legislativa busca incluir la pensión a las personas adultas de 60 a los 64 años con 11 meses y a las personas con discapacidad de 30 a 59 años con 11 meses de edad. “Como dijo nuestro mandatario, si el Gobierno del Estado pone un peso, yo pondré otro”, agregó.
Explicó que las razones de estas pensiones son las condiciones que limitan la interacción de las personas que viven con un adulto mayor o con una persona con discapacidad, la cual a su vez registra una mayor prevalencia en personas en situación de pobreza, incluidos menores de edad e indígenas, limitando su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.